Por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio simple y/o culposo, en agravio del obrero Iván Chiroque Cruz, que falleció por un derrumbe de la construcción de baños públicos en el emporio comercial de Gamarra, el procurador público del Ministerio de Trabajo denunció penalmente a la gerente general de la empresa LK Kitsutani, María Elena Emito Kitsutani Yoshimoto.

Asimismo, fue denunciado el representante legal de Operaciones y Servicios Sanitarios SAC, Nemesio Raúl Guizado Salinas.

Ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno de Lima, fueron denunciados también por atentar contra la libertad de trabajo y asociación; y, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de exposición a peligro de persona dependiente.

El alcalde de La Victoria, Alberto Sánchez Aizcorbe, fue también incluido en esta denuncia por la presunta comisión de delito contra la seguridad pública en la modalidad culposa en agravio del obrero Chiroque Cruz.

Ello debido a que el concejo edil autorizó la construcción de servicios higiénicos dentro del denominado Damero de Gamarra a la empresa Operaciones y Servicios Sanitarios SAC pese a que esta no contaba con el estudio de suelos imprescindible para realizar la obra y sobre todo para autorizarla administrativamente.

“Es responsabilidad de las municipalidades comprobar que los proyectos de construcción se ejecuten conforme a los plazos otorgados y la licencia de habilitación urbana o edificación, inspeccionando las obras que se ejecuten en su jurisdicción con profesionales calificados”, informó el Ministerio de Trabajo.

La titular de Trabajo, Manuela García ratificó su compromiso de seguir fiscalizando en forma permanente las obras de construcción para evitar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, siendo una prueba de ello que más de 53 construcciones inseguras han sido paralizadas este año, para salvaguardar la integridad física de cientos de trabajadores.

“Es un derecho de los trabajadores no realizar labores que signifiquen un peligro a su integridad física o su salud, debiendo comunicar estos hechos al empleador para que adopte las medidas correctivas pertinentes. De lo contrario, deben comunicar lo que está ocurriendo al Ministerio de Trabajo”, señaló.

La ministra García exhortó al Congreso a priorizar la aprobación del proyecto de ley que presentó el Poder Ejecutivo para endurecer las penas de cárcel -elevándolas hasta los diez años- a aquellos malos empleadores que por incumplir las normas de seguridad y salud provocan accidentes de trabajo mortal o grave.

El Ministerio de Trabajo cuenta con la línea gratuita 0800-1-6872 en la que los ciudadanos pueden denunciar las obras de construcción inseguras o los centros de trabajo donde no se cumplen las normas de seguridad y salud.

Fuente: ANDINA (Lima, jul. 26.10)